La ocupación ilegal de viviendas en España es un problema creciente, especialmente en el ámbito "delincuencial", que incluye el allanamiento de morada y la ocupación violenta o pacífica de inmuebles. Organizaciones criminales investigan propiedades vacías y ofrecen a familias vulnerables quedarse en ellas a cambio de dinero, lo que genera inseguridad, insalubridad y conflictos vecinales. En ciudades como Mataró, las ocupaciones diarias son frecuentes, afectando tanto a la seguridad pública como al acceso a viviendas para personas realmente necesitadas.
Aunque se han logrado avances desde 2018, aún queda trabajo por hacer. Se han propuesto reformas legales y medidas cautelares para agilizar los procedimientos, como el tratamiento de estas causas como Juicios Rápidos. También se aboga por una mayor claridad en las instrucciones a los cuerpos de seguridad. Los abogados y juristas siguen luchando por soluciones efectivas que permitan abordar el fenómeno de la ocupación ilegal y proteger los derechos de los propietarios en toda España.